EL UNIVERSAL
domingo 18 de noviembre de 2012 12:00 AM
En cuatro años a la Fiscalía llegaron 30 mil denuncias por
violaciones a los Derechos Humanos, pero solo 7 por ciento llegaron a ser
conocidos por un juez y apenas 4% terminaron en condena. Por Francisco Olivares.
Cada día 53 venezolanos no regresarán a su hogar o serán
asesinados en su propia casa. un hijo llora a su padre asesinado en una calle
del barrio, sus historias parecen aceptarse como un hecho inevitable. FERNANDO
SANCHEZ
Cada día once personas que habitan en el área metropolitana
de Caracas no regresarán a su hogar o serán asesinadas en su propia casa. En
todo el país ocurrirá lo mismo con 53 venezolanos. Un padre de familia que se
trasladaba a su trabajo en horas de la madrugada se tropezó con un malhumorado
sujeto quien para resolver una simple disputa callejera le propinó 27 tiros al pacífico
trabajador. Una familia que disfrutaba de una reunión familiar fue atacada por
una banda de delincuentes armados, quienes luego de desvalijar la modesta
vivienda mataron a dos miembros de esa familia. Cuatro jóvenes que se
desplazaban por la Cota Mil en horas de la noche en una camioneta lujosa
intentarían evadir una alcabala sospechosa que resultó ser de la Policía
Libertador por lo que fueron atacados a tiros con el resultado de un muerto y
otros dos heridos. Un grupo de sicarios que se hacen pasar por policías rodean
una vivienda, la queman y asesinan a un padre y a su hijo enfrente de la
familia y del vecindario.
Los reportes diarios de las páginas de suceso dan cuenta de
la diversidad de circunstancias en que los venezolanos son asesinados, algunos
en las calles, otros en sus propios hogares, pero sus historias parecen
aceptarse como una fuerza desconocida que actúa de manera inevitable sobre las
personas. Son 53 víctimas entre varios millones que aceptamos como un atributo
obligado, que parecen haber sido elegidas por un impulso desconocido que las
selecciona a su suerte, mientras que desde la distancia del poder el fenómeno
se acepta como un mal de la humanidad de la que Venezuela no escapa. El pasado
año fue el más violento de todos los tiempos, el "tributo" lo pagaron
19.336 personas.
La pasada semana Venezuela fue aceptada para formar parte de
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo cual para el representante
venezolano, Jorge Valero es un reconocimiento a los logros de la revolución en
materia de Derechos Humanos, olvidando que el puesto pertenece a Venezuela y no
al Gobierno, al tiempo que hay que destacar que el estar en el organismo no
implica una suerte de certificación o aval como país que cumple con los
estándares internacionales en esa materia.
Una de las tareas más importantes que debe tener un Estado
es la defensa del derecho a la vida que en Venezuela parece ocultarse cuando
las mismas cifras del organismo al que el Gobierno celebra su ingreso lo ubican
como el país con más violencia en el continente después de Honduras y El
Salvador.
Primeros en violencia
La oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica
a Venezuela como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo. De
haber estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el año 1995, en 2011
llagmos a los primeros lugares con 45,1 homicidios por 100 mil habitantes. Sin
embargo la cifra de la ONU es bastante conservadora entendiendo que este
organismo basas sus datos estableciendo un promedio en la data que levantan las
ONG y los organismos oficiales de los gobiernos. En contraste para el año 2011
el Instituto Nacional de Estadísticas registra un índice muy superior para
2011. Según sus estimaciones Venezuela registró 75 homicidios por cada 100 mil
habitantes. "Esto es una barbaridad" sostiene la directora de
Cofavic, ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Indica la
especialista que la ONU considera como "epidemia" un índice que sea
superior a 10.
De manera que ya con estos datos no habría motivos para
celebrar nuestro ingreso a la comisión de la ONU sino declarar en emergencia
nacional y explicar por qué 19 planes de seguridad no han tenido éxito en 14
años de gestión.
Aunque el Presidente Hugo Chávez ha sostenido que la
violencia en Venezuela ha sido un asunto de percepción atribuyendo a los medios
el despliegue y manipulación de las cifras, además de las del INE, las cifras
ofrecidas por el último plan vigente denominado "Misión a Toda Vida
Venezuela" igualmente muestran el ascenso sostenido que va de 12
homicidios por 100 mil habitantes en 1991 a 50 homicidios por 100 mil
habitantes en 2009.
Cofavic presentó recientemente en la sesión ordinaria de
audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe
sobre "violencia e impunidad", en donde se destacó el tema del
"derecho a la vida e integridad personal". El informe se basó fundamentalmente
en cifras aportadas por los propios organismos del Estado resultando que
algunos de ellos reportan cifras por encima de las que presentan algunas ONG.
Venezuela y los DDHH
El vicepresidente Nicolás Maduro al celebrar igualmente el
puesto de Venezuela dijo durante el programa Contragolpe de VTV, que en el país
hay una "amplia garantía en Derechos Humanos" y destacó que Venezuela
merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un año de victoria
para la Revolución Bolivariana.
Pero también en materia de Derechos Humanos las cifras no
respaldan las afirmaciones del Gobierno según las cuales son grandes defensores
de los derechos de los ciudadanos.
Explica Liliana Ortega, directora de Cofavic, que el
Ministerio Público en el período de 2006 a 2010 reconoció que habían 30 mil
nuevos ingresos, referido a casos que fueron denunciados por violaciones a los
Derechos Humanos en el organismo. Es decir estos son casos que la Fiscalía
conoce en esos años indicados en sus informes anuales de acuerdo a las
denuncias recibida. Allí no se distingue si son casos de torturas o violaciones
al derecho a la vida o libertad de expresión pero en conjunto son casos de
Derechos Humanos.
Estas denuncias no son delitos comunes, sino que tienen que
ver con situaciones donde hay una agresión o vulneración en la que hubo una
intervención de funcionarios del Estado o de grupos de personas que actuaron
con la aquiescencia del Estado, la tolerancia del Estado, abuso de poder, uso
desproporcionado de la fuerza pública etc. Por ello son delitos que son
cometidos por entes o funcionarios públicos en contra del ciudadano.
¿Qué pasa con esos casos? Explica Liliana Ortega que según
los datos aportados por el Ministerio Público 93% terminan en sobreseimientos
en archivos fiscales y desestimaciones, 7% restantes logran ver a un juez y van
a acusaciones. Pero solo 4% termina en condena. En ese 7% es donde las víctimas
han logrado ver a un juez, han podido al menos ser escuchados.
En 2011 la Fiscalía recibió en materia de violaciones a los
Derechos Humanos 8. 813 nuevos casos. Ellos asumen oficialmente que son casos
denunciados. ¿Qué pasa con eso? Que 97% terminó en sobreseimiento y archivos
fiscales, que es 4% de aumento. En ese caso sólo 3% terminó en acusación, pero
no hay cifras de condena. "Hay una demostración de que hay una tendencia
de reducción de la justicia", indica Ortega.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro aspecto que destaca el informe de Cofavic presentado
ante la Comisión Interamericana es la participación de funcionarios policiales
en las llamadas ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno estima que entre 20 y
25 % de los agentes policiales han participado en actividades delictivas. A la
par de eso, es el propio Ministerio Público el que señala que entre los años
2000 y 2008, se registraron 1000 casos por año de muertes por uso excesivo de
la fuerza policial. Mientras que en 2010 es el propio Ministerio del Interior y
Justicia registra 3.492 casos de muertes violentas por parte de la policía.
Cabe destacar que estas muertes que han ido en aumento no
son agregadas a las estadísticas de homicidios porque la mayoría de los casos
se identifican como "resistencia a la autoridad".
Estos grupos policiales que fueron conocidos como
"grupos de exterminio" se han detectado en 20 estados del país
gobernados por oficialistas u opositores. La Defensoría del Pueblo en 2010
recibió 134 denuncias de detenciones arbitrarias que terminaron en ejecuciones.
Ya Venezuela cuenta con dos sentencias en contra en la Corte Interamericana
referidos a los casos de la familia Barrios en el Estado Aragua donde fueron
ejecutados siete miembros de esa familia y el caso de la familia Uzcátegui en
Falcón donde dos jóvenes fueron ejecutados, en ambos casos por cuerpos
policiales.
La sentencia condenó a Venezuela por violación al derecho a
la vida, violación a la integridad personal y al debido proceso. Para ambos
casos desde Cofavic se buscaron dos peritajes distintos internacionales para
que establecieran por qué esos casos no tuvieron ningún éxito en las instancias
internas. Explica Liliana Ortega que estos dos peritos encontraron que la mayor
parte de las pruebas iniciales que hay que realizar en una investigación donde
hay un homicidio se hicieron dos años después, como tomas de fotografías,
fijación del sitio del suceso, planimetría etc. Se determinó que la mayoría de
las líneas de investigación que asumió el Ministerio Público era determinar la
muerte de la persona, pero no había una línea de investigación adicional que
tuviese la posibilidad de llevar hacia quiénes habían cometido los homicidios.
Entonces hay escasísimas declaraciones de los presuntos responsables y muy
escasas diligencias sobre el parque de armas para fijar el arma que fue
utilizada, las pruebas de disparos, la declaración de los actuantes en el
procedimiento, pruebas de balística etc.
Es importante destaca que la tutela de las víctimas se ha
eliminado en Venezuela. Con la reforma del COPP en junio de 2012 se elimina del
artículo 121 la facultad que tenían las ONG de DDHH de presentar querellas
contra funcionarios públicos, el mayor numero de personas quienes asumen la
búsqueda de justicia son mujeres de bajos recursos y de esa gente que lucha
contra la impunidad, 70% denuncia que en algún momento en su búsqueda de la
justicia fue hostigada o amenazada. "Nos han borrado del acompañamiento de
las víctimas formalmente", dice LilianaOrtega.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121118/sin-derechos
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