Nuestra condición humana conlleva el ejercicio irrenunciable
de nuestros derechos universales, cuya legitimidad suprema trasciende cualquier
marco legal existente o por existir, independientemente del origen de su
legalidad.
Cualquier acto, de cualquier persona o institución del
Estado, que en representación del poder de los ciudadanos, restringa o
menoscabe o disminuya el ejercicio de nuestros derechos consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, será un acto írrito, injusto e
ilegítimo, a los cuales ningún pueblo está ni ética ni moralmente obligado a
obedecer ni acatar.
A consecuencia de la coyuntura histórica de nuestro País
propiciada por las más recientes leyes emanadas de nuestra Asamblea Nacional,
los venezolanos debemos decidir individual y colectivamente, entre la sumisión
a la ilegítima legalidad vigente o la desobediencia firme y pacífica mediante
el ejercicio de nuestros derechos naturales. Por esta razón:
CONSIDERANDO que la Libertad de Expresión es un derecho
humano fundamental e inalienable, que constituye una manifestación primaria del
espíritu humano, sin el cual no puede existir la democracia y que es deber del
Estado proteger y fomentar este derecho, y por el contrario, la recién aprobada
reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social de
Radio, Televisión y Medios Electrónicos, crean mecanismos discrecionales que
las convierten en una herramienta ideal para la censura y la autocensura,
violando nuestro derecho a expresarnos libremente (Art. 57 CRBV) y el principio
de neutralidad de la red.
CONSIDERANDO que las Universidades son los templos del libre
pensamiento, donde la luz del conocimiento se alcanza a través de la pluralidad
de las ideas y el respeto a todas los opiniones, ideologías, teorías y modelos
concebidos por el intelecto humano, con autonomía de investigación e instrucción,
y que nunca podrán estar al servicio de parcialidad ni modelo político alguno
(Art. 112 CRBV), y en cambio la recién aprobada Ley de Educación Superior las
obliga a estar en función de un modelo socialista, donde fuerzas externas se
ubican por encima del comunidad universitaria, se vulnera la libertad de
cátedra, y legalmente se impone un pensamiento único.
CONSIDERANDO como pilar fundamental de la democracia el
supremo derecho a pensar libremente y a cambiar de opinión a la luz de la
verdad y la razón y constatando que la reforma aprobada de la Ley de Partidos
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, atenta contra la libertad de
conciencia (Art. 61 CRBV), la libertad de expresión (Art. 57 CRBV), y el derecho
a libre asociación política (Art. 67 CRBV) a tal grado de tildar de fraude el
ejercicio de cualquiera de estos derechos, coartando el pensamiento crítico e
independiente de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.
Contrariando a lo establecido en la Ley, creemos que el verdadero fraude es
jurar lealtad absoluta a una parcialidad política, pisoteando la lealtad a la
propia conciencia,… y anteponiendo los intereses ideológicos y partidistas
sobre los del pueblo.
CONSIDERANDO que las organizaciones no gubernamentales
(ONGs) constituyen un valioso apoyo a la sociedad venezolana, ocupándose de los
espacios abandonados por el Estado en materia de Derechos Humanos,
satisfaciendo necesidades sociales, culturales, educativas, religiosas, médico
asistenciales, entre otras,
y que trascienden
las fronteras de los países
y que requieren un esfuerzo solidario global, y que por el contrario, La
ley de Cooperación Internacional y la Ley de Defensa de la Soberanía Política y
Autodeterminación Nacional coarta el derecho de libertad económica de las
asociaciones integradas por los civiles, limitando su capacidad de acción
mediante la creación de organismos centralizadores, y estableciendo sanciones
que criminalizan la libertad de expresión en aras de proteger al gobierno
venezolano de opiniones adversas.
CONSIDERANDO que la estructura orgánica del territorio
venezolano está definida de manera clara y específica en la Constitución (Art.
16 CRBV), y que las ramas del Poder Público Nacional del Estado venezolano
están explícitamente definidas en el Artículo 136 de la Constitución, y
evidenciando que la Ley de Comunas y la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Publico Municipal contraría de manera radical la estructura primaria del
Estado, estableciendo figuras inconstitucionales que desarticulan los
municipios, las ciudades y los estados, dejan de lado las parroquias,
centralizan y retrasan la toma de decisiones y violan el principio del sufragio
universal secreto y directo como mecanismo de elección de autoridades.
CONSIDERANDO que el pasado 26 de Septiembre el pueblo
venezolano eligió sus nuevos representantes a las Asamblea Nacional, y
evidenciando que la actual Asamblea Nacional aprobó una Ley Habilitante a
solicitud del Presidente de la República para que dicte, decida y apruebe de
manera unilateral, desconociendo e irrespetando la opinión y el pensamiento
manifestado por el pueblo venezolano en el último evento electoral,
centralizando mayores poderes en el Presidente de la República y menoscabando
el principio de separación de poderes,
con lo cual sus funciones se asemejan más a las de un Monarca que de un
Presidente.
CONSIDERANDO que en el Referéndum Constitucional del 2 de
Diciembre de 2007, el pueblo venezolano mayoritariamente rechazó la Propuesta
de Reforma Constitucional presentada por el Presidente de la República, y
evidenciando que la mayoría de las Leyes y Reformas aprobadas recientemente por
la actual Asamblea Nacional, y mencionadas en este manifiesto, materializan el
espíritu de la negada reforma constitucional, imponiendo un modelo autocrático
y violando la voluntad del pueblo venezolano.
Por todas estas razones, nosotros los ciudadanos venezolanos
que respaldamos este manifiesto
DECIDIMOS Declararnos en Resistencia No Violenta, al no
prestar obediencia a ninguna de estas leyes aprobadas, o las leyes que estén
por aprobarse, que sean írritas e ilegítimas, por violar los derechos
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las
Declaraciones y Convenciones que Consagren Derechos Fundamentales del Hombre y
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DECIDIMOS Renunciar irrevocablemente al uso de la fuerza
física para hacer valer nuestros derechos, a favor de usar la fuerza invencible
de la razón y la verdad.
DECIDIMOS Informar, por todos los medios pacíficos y
legítimos posibles, a todos los venezolanos sobre su derecho a negar obediencia
a estas leyes, y convocarlos a ejercer este derecho.
DECIDIMOS Creer que la no violencia como medio para
despertar la conciencia colectiva, es la mejor forma de llamar a la reflexión a
todos los sectores de la sociedad Venezolana.
DECIDIMOS Exigir a todos los Poderes Públicos del Estado
venezolano, a resguardar los derechos consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en especial, al Tribunal Supremo de
Justicia y a la Defensoría del Pueblo para que asuman el deber y las
responsabilidades que les confiere su cargo en defensa del Estado de Derecho y
la democracia venezolana.
DECIDIMOS Asumir las consecuencias que se derivan de nuestro
legítimo derecho a la desobediencia civil, ofreciendo este sacrifico para la
defensa de la democracia y los derechos de todos los venezolanos sin ningún
distingo.
y por último,
DECIDIMOS Exponer que el momento en el cual todos los
venezolanos comprendamos que obedecer leyes injustas es contrario a nuestra
dignidad de seres humanos, ninguna tiranía podrá dominarnos.
Los Venezolanos que apoyamos este Manifiesto
29/12/2011
Antigua Estación del Ferrocarril Alemán - Sede del Rectorado
de la Universidad de Carabobo
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